En América Latina se han ido desarrollando una serie de estudios que dan cuenta del estado de la cuestión de las Políticas Públicas de Juventud entendidas como un instrumento destinado a garantizar una integración plena y efectiva de los jóvenes en los procesos de desarrollo y transformación que viven cada uno de nuestros países. Da cuenta de ello el Programa Regional de acciones para el desarrollo de la Juventud de América Latina (PRADJAL 1995-2000) que en una primera etapa (1995-1996) se le encargo realizar estudios sobre la realidad institucional de los países y sobre algunos temas específicos referidos a la situación de la juventud, en ámbitos tan sensibles como el empleo, la salud, la educación y la participación democrática.
En nuestro país, en el proceso de democratización y reforma del Estado se han ido generando marco normativo, enfoques y estrategias de intervención interinstitucional sobre la base de criterios de pertinencia, calidad; teniendo como eje fundamental el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones.
En materia de juventud se ha creado el Consejo Nacional de juventud, órgano rector de la institucionalidad pública, tiene como encargo el de articular esfuerzos interinstitucionales para con el sector juvenil. Busca la participación de variados agentes públicos y privados, y los propios jóvenes determinado el sentido en el cual deben transitar nuestras voluntades y esfuerzos para permitir un crecimiento que permita enfrentar nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas.
La mayor fortaleza de la construcción de políticas públicas de juventud supone la creación de un sistema integrado de acciones a nivel local, nacional e internacional, que requiere la presencia de todos y cada uno de los elementos que componen una política de Estado. En consecuencia desde el Estado se debe realizar esfuerzos para orientar sus acciones en pos de la extensión de los deberes y derechos ciudadanos al conjunto de la población joven, sin que esto signifique un enclave normativo que generen una clase especial de ciudadanos, los jóvenes.
En nuestro país, en el proceso de democratización y reforma del Estado se han ido generando marco normativo, enfoques y estrategias de intervención interinstitucional sobre la base de criterios de pertinencia, calidad; teniendo como eje fundamental el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones.
En materia de juventud se ha creado el Consejo Nacional de juventud, órgano rector de la institucionalidad pública, tiene como encargo el de articular esfuerzos interinstitucionales para con el sector juvenil. Busca la participación de variados agentes públicos y privados, y los propios jóvenes determinado el sentido en el cual deben transitar nuestras voluntades y esfuerzos para permitir un crecimiento que permita enfrentar nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas.
La mayor fortaleza de la construcción de políticas públicas de juventud supone la creación de un sistema integrado de acciones a nivel local, nacional e internacional, que requiere la presencia de todos y cada uno de los elementos que componen una política de Estado. En consecuencia desde el Estado se debe realizar esfuerzos para orientar sus acciones en pos de la extensión de los deberes y derechos ciudadanos al conjunto de la población joven, sin que esto signifique un enclave normativo que generen una clase especial de ciudadanos, los jóvenes.
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